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Desde la CGT defendemos el fin de las privatizaciones de los servicios públicos como una seña de identidad de nuestra organización. Esto supone estar en contra de todas las adjudicaciones a empresas privadas para prestar servicios que deberían ser gestionados por la administración pública.

La Agencia Tributaria tiene desde hace años un servicio telefónico de cita previa para asignar las citas que los/as contribuyentes tengan que concertar en las diferentes administraciones de Hacienda. Este servicio ha estado prestado por varias subcontratas, como Atento, Konecta, Abante y Servinform, siendo adjudicado en agosto de este año de nuevo a Konecta BTO.

Desde que en el año 2015 fuera concedido a Abante BPO como adjudicatario de este servicio, subcontrató a la mayor parte del personal que iba a gestionarlo a través del Centro Especial de Empleo del Grupo SIFU. Es decir, que este servicio iba a ser prestado mayoritariamente con decenas de trabajadores/as con diversos grados de diversidad funcional.

Los contratos de obra y servicio realizados en el año 2015 reconocían expresamente el XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad como el convenio de referencia para esos/as trabajadores/as. Un convenio específico que rige según su ámbito funcional en todos los centros especiales de empleo.

Este convenio colectivo recoge expresamente la subrogación obligatoria de todos/as sus trabajadores/as cuando una empresa que tiene un servicio cambia de proveedor. Cuando a principios de este año Servinform fue adjudicataria del servicio de manera provisional por la Agencia Tributaria, mantuvo subarrendados/as a los/as trabajadores/as del Grupo SIFU, garantizando el mantenimiento de todos sus derechos.

Sin embargo, a partir del 1 de agosto de 2018 el servicio pasó a prestarse por Konecta BTO, la principal empresa de Contact Center del Estado español, y eso fue el principio de una pesadilla para sus 92 trabajadores/as.

Tras fracasar las conversaciones entre Konecta y Grupo SIFU, 92 trabajadores/as que venían desempeñando el servicio de cita previa de la Agencia Tributaria recibieron una carta indicando que serían subrogados/as a partir del 1 de agosto a la empresa Konecta BTO. Estos/as trabajadores/as venían prestando el servicio desde Madrid.

Konecta BTO decidió rechazar esta subrogación y mandar una carta a todos/as ellos/as indicando que no reconocían el convenio colectivo de ese centro especial de empleo y que solo ofrecían lo que indica el deplorable Art. 18 del Convenio de Contact Center; es decir, pasar un proceso de selección. Y aún hay más: si estos/as trabajadores/as conseguían superar este proceso, se tenían que trasladar a Sevilla, que era donde Konecta ha decidido prestar este servicio.

No tenemos palabras para calificar el comportamiento del Grupo Konecta, una empresa que está eximida de cumplir el requisito legal de la contratación de un 2% de trabajadores/as con diversidad funcional exigido por la Ley General de Discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) al haberse acogido a una medida alternativa mediante los bondadosos y desconocidos actos de la oscura Fundación Konecta.

A CGT le produce un profundo asco todo este proceso, de la que es máxima responsable la Agencia Tributaria y de  la que son cómplices todas las sociedades adjudicatarias que han tenido que ver con estos/as 92 compañeros/as. Lamentablemente, no solo se han quedado sin trabajo, sino que también sin derecho a prestación por desempleo, a indemnización y, según hemos sabido, incluso a encontrar un nuevo trabajo, ya que tienen que pasar tres meses desde el 1 de agosto para que otra empresa se pueda bonificar con sus contrataciones.

La miseria de las empresas ha llegado hasta este punto. Tras más de tres años trabajando y sacando adelante con una profesionalidad encomiable el servicio, estos/as compañeros/as están en una situación de extrema necesidad, por culpa de todo lo mencionado.

Desde CGT hemos procedido a interponer una demanda por despido colectivo contra Konecta BTO, Servinform y Grupo SIFU para que los tribunales declaren nulos todos estos despidos y se garantice el salario que han dejado de percibir desde el 1 de agosto.

También vamos a plantear denuncias a la Inspección de Trabajo y vamos a indicarle a la Agencia Tributaria este absoluto despropósito, para que no obligue a que sean los tribunales los que deshagan el entuerto que esta privatización ha permitido.

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